Redacción. Madrid
El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad no es el responsable de garantizar que en la convocatoria MIR se reserven un número de plazas a personas con discapacidad, sino que es una competencia de cada centro sanitario. Así se desprende de la respuesta del Gobierno al senador popular Jesús Aguirre, quien a través de una pregunta escrita, consultaba la causa por la que el Ejecutivo “no reserve ninguna plaza para personas con discapacidad superior al 33 por ciento, tal y como obliga la Ley 53/2003 del 10 de diciembre sobre empleo público de discapacitados”.

El senador Jesús Aguirre, del PP.

En concreto, el Gobierno explica que el objeto de estas pruebas selectivas “no es el acceso a la función pública, ni siquiera el de cubrir puestos de trabajo en las plantillas de los centros sanitarios, sino el acceso a un sistema de formación, de duración limitada y cuyo objeto es la obtención de un título oficial de especialistas en Ciencias de la Salud”. En la respuesta también se explica que, de acuerdo a la Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, cuando el adjudicatario esté afectado por una discapacidad igual o superior al 33 por ciento “el centro o unidad docente adoptará las medidas técnicas y de accesibilidad que, siendo proporcionadas y factibles, permitan el normal desarrollo del programa formativo de la especialidad sanitaria elegida”.

También aclara el Gobierno que en el formato actual de las pruebas selectivas de acceso a las plazas de formación sanitaria especializada, se valora el expediente académico, con un 10 por ciento de la calificación final y, a través de un cuestionario de respuestas múltiples, los conocimientos teóricos y ciertas habilidades clínicas, cuya valoración constituye el 90 por ciento restante.

La prueba de acceso a la formación, el denominado examen MIR, no se aprueba ni se suspende en relación al número de plazas existentes, explica el documento remitido al senador Aguirre, que continua “el objeto del examen es establecer un orden de prelación en la elección de la plaza de formación. Así, en función de la puntuación alcanzada y en igualdad de condiciones, el aspirante escoge entre las plazas definidas por especialidad y por establecimiento sanitario, público o privado, acreditado para la docencia”.